"Llegará un día que tengamos que desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde" [1]. Al parecer el cambio de época se acelera y nos lleva a falacias tales como de que 36 millones de votos justifican ir contra la lógica más elemental, y pretender que ese espectro de votación puede legítimamente trastocar el alma de la identidad política mexicana: la república y la democracia institucional.
El debate sobre la reforma judicial en México ha generado considerable interés y controversia en los últimos meses. La propuesta, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador incluye cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.
Entre los principales aspectos de la reforma se encuentran:
1. Elección Popular de Jueces y Magistrados: La reforma plantea que los jueces y magistrados, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean elegidos mediante voto popular. Esta medida busca aumentar la legitimidad democrática del Poder Judicial, aunque ha sido criticada por posibles riesgos a la independencia judicial.
2. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: Se propone reemplazar el actual Consejo de la Judicatura Federal con un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial. El Tribunal de Disciplina tendría la facultad de investigar y sancionar a miembros del Poder Judicial por actos de corrupción u otros delitos, mientras que el Órgano de Administración se encargaría de las funciones administrativas y de carrera judicial
3. Reducción del Número de Ministros: La iniciativa también propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y eliminar la pensión vitalicia para los mismos. Además, se busca que las sesiones de la Corte sean públicas y se establece un plazo máximo para la resolución de asuntos judiciales.
Como bien lo apunta javier Martín Reyes [2], el Plan C Judicial es una reforma regresiva que busca desmantelar y capturar los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte. La iniciativa tiene claros objetivos electorales y legislativos. El presidente López Obrador pretende imponer su agenda y moldear la próxima legislatura. A largo plazo, el Plan C podría cambiar profundamente el rostro del Estado mexicano. La oposición podría coincidir en algunos puntos con la propuesta, pero no se debe perder de vista que la verdad, la imparcialidad y la justicia no responde a los clamores populares ni al consenso de mayorías. No, la verdad, la imparcialidad y la justicia, necesariamente deben sustraerse del arbitrio sesgado y buscar en el "estado de las cosas" resolver ex equo et bono... es decir, según lo equitativo y lo bueno, sin filias ni fobias, sin revanchismos ni promoviendo una visión política ideológica.
La sombra –pálida, pero sombra– de los tribunales revolucionarios establecidos en marzo de 1793, durante la fase más radical de la Revolución Francesa, conocida como el Reinado del Terror se hace presente. Su propósito era juzgar a los enemigos de la revolución de manera rápida y eficiente. Tres doritos después, de los enemigos de la revolución en Francia a los enemigos de la Transformación en México. Hoy rememoro como hay quienes hace seis años decían que ciertas cosas no iban a pasar, y ahora ya han sido consumadas.
Aprobar la propuesta de reforma judicial tal y como está ahora sería un atropello cometido por unos pocos, respaldados para un proyecto por 36 millones que no son –ni por mucho– la mayoría de los mexicanos, sería un "atropello cupular", a la Constitución, a la independencia judicial y a los valores republicanos. No, no hay manera de justificar ni con la lógica, ni con la historia ni con el populismo, ni aún con los reales y deleznables problemas que padece el actual Poder Jucicial hacer una reforma como la que propuso López Obrador.
Ni la indolencia del empresariado, ni la de las universidades, ni de otros actores sociales y políticos bastará para contener la maquinaria a la que pretende amoldarse para seguir "haciendo negocio" o "evitar daños colaterales". Se puede decir más alto pero no más claro: la propuesta de reforma judicial del pasado 05 de febrero de 2024 –en esos términos– es una ignominia histórica a la Nación Mexicana, una deslealtad a Hidalgo, Morelos, a Juárez y a los Mexicanos que nos precedieron y los que nos procederán.
"Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados." –José María Morelos y Pavón en "Sentimientos de la Nación"–[3].
NOTA: Vale la pena consultar con detenimiento el estudio realizado por académicos del IIJ de la UNAM: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/7483-analisis-tecnico-de-las-20-iniciativas-de-reformas-constitucionales-y-legales-presentadas-por-el-presidente-de-la-republica-febrero-5-2024
[1] La frase "Llegará un día que tengamos que desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde" se le atribuye comúnmente a Gilbert Keith Chesterton, un escritor y periodista inglés conocido por su ingenio y sus aforismos. Sin embargo, no se encuentra en sus obras de forma literal. La frase parece ser una paráfrasis o una interpretación moderna de sus ideas sobre la defensa de verdades obvias frente a la creciente relativización de conceptos básicos en la sociedad. La versión más cercana de esta idea que Chesterton expresó se encuentra en su libro "Heretics" (1905), donde critica la modernidad y la tendencia a cuestionar incluso las verdades más evidentes. Aunque no hay una cita exacta, la esencia de la frase refleja su pensamiento. En resumen, aunque la frase no aparece literalmente en las obras de Chesterton, su autoría se le atribuye debido a su consonancia con sus puntos de vista expresados en escritos como "Heretics".
[2] Cfr. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7483/23.pdf>. Consultado 02 de julio de 2024.
[3] Contexto: Esta frase aboga por la igualdad ante la ley y la eliminación de privilegios, un principio que se ve comprometido cuando el poder judicial está politizado, ya que pueden surgir tratos preferenciales.
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